Al margen de la ley
La seguridad más insegura
Por lo menos la mitad de los vigiladores privados contratados en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal están en negro y nunca fueron registrados. Una irregularidad que esconde la presencia, en las agencias de seguridad, de oficiales en actividad o exonerados por distintos delitos. La connivencia con la policía lo permite
Los ladrones jóvenes de la zona Norte sabían que en algunos lugares de Don Torcuato estaba prohibido robar. Era una ley no escrita que todos respetaban. No se podían ni acercar a las casas y los comercios que estaban vigilados por Hugo "Beto" Cáceres, un cabo de la Bonaerense que había creado una agencia clandestina de seguridad. El policía emprendedor le daba empleo a una treintena de suboficiales y oficiales, muchos de ellos de más alto rango que él. Hasta algunos comisarios se beneficiaban con el negocio. Cáceres les cobraba a vecinos y comerciantes de Don Torcuato para garantizarles que nunca les robarían. Y así era nomás. Los que no pagaban quedaban en un limbo, una suerte de zona liberada en la que cualquier cosa podía pasar. "Les había hecho saber a los pibes chorros que si los pescaba robando en su zona, directamente los mataba", explica Gabriel Lerner, abogado de la familia de Guillermo "Nuni" Ríos, una víctima de Cáceres, muerto a los 16 años.
Este es un ejemplo extremo, pero el caso refleja los riesgos que se puede correr al contratar agencias clandestinas que funcionan sin controles y de las cuales el cliente desconoce las aptitudes y capacidades de sus integrantes. El ámbito de la "seguridad privada" es un universo donde conviven empresas con trayectoria, serias y respetables con aventureros y audaces que operan al margen de la ley, entre los que abundan efectivos de fuerzas de seguridad del Estado así como oficiales y suboficiales exonerados por delitos varios que no quieren quedarse al margen de una actividad que puede ser tan lucrativa como controvertida.
En la provincia de Buenos Aires se encuentran 786 agencias de seguridad registradas que cuentan con 38.255 vigiladores habilitados, según datos de la Dirección General Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada, a cargo de Carlos Manuel Pousada, que depende del Ministerio de Seguridad. En la ciudad de Buenos Aires están registradas 260 empresas de seguridad, con unos 11.000 vigiladores habilitados. Hay además 7600 objetivos denunciados, es decir, lugares físicos donde las empresas cumplen tareas de vigilancia. Debe agregarse además la seguridad electrónica: nueve empresas habilitadas prestan este servicio y tienen alarmas instaladas en 12.000 domicilios particulares, bancos y compañías. Esos son los números de la legalidad. Pero puede calcularse que, por cada uno de los 50.000 vigiladores habilitados para trabajar en las dos jurisdicciones, hay otros tantos "en negro". La mitad de los vigiladores que están en la calle son ilegales, coinciden diversas fuentes oficiales que se encargan de controlar esta actividad y que piden reserva de su identidad.
"Los policías que trabajan para el Beto Cáceres hacían una regulación por izquierda de la delincuencia callejera. En Don Torcuato se producía una situación curiosa respecto del resto de la provincia. Era la zona donde había menos menores presos en comisarías, pero donde se contaban más adolescentes muertos en supuestos enfrentamientos con la policía. Así lo probó un informe de la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia", explica Lerner, quien en la actualidad es director en el Consejo del Menor y la Familia. La casa del cabo Cáceres era la sede de la agencia Tres Ases y en la práctica funcionaba como una comisaría paralela, donde se guardaban numerosas armas y se decidían operativos. Cuando fue allanada, se encontró hasta una especie de "álbum de malvivientes", confeccionado con fotos de adolescentes, muchos de ellos golpeados y ensangrentados, supuestamente luego de haber recibido una paliza por ingresar en territorio prohibido. Cáceres fue condenado en noviembre de 2004 a 22 años de prisión por el homicidio de Ríos, asesinado tres años antes. Otro policía, Anselmo Puyó, recibió una condena de 19 años por el mismo crimen.
Por 30 pesos
Las agencias ilegales tienen dos formas de operar diferenciadas en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. En los barrios del conurbano, lo más habitual son policías que pasan casa por casa ofreciendo sus servicios de vigilancia y que cobran en promedio unos 30 pesos mensuales. Muchas veces hasta se instala una garita en una esquina para que el vigilador permanezca en el lugar. En la Capital Federal el fenómeno aparece sobre todo en el ámbito de la noche: custodios no declarados que trabajan en pubs, restaurantes, discotecas y accesos de edificios. La ilegalidad es más barata, pero tiene un costo: ante cualquier eventualidad, quien contrató a un vigilante en negro será solidariamente responsable ante una demanda judicial de cualquier especie. Hasta de tipo laboral. Hace unos años, un grupo de vecinos que vivían en las inmediaciones de las calles Nother y Cordero, en Adrogué, contrataron por izquierda a un policía para que les brindara seguridad. Tiempo después decidieron cambiarlo, pues no estaban conformes. El policía desplazado los demandó y arguyó que había sido echado sin justa causa. Les pidió un resarcimiento de 70.000 pesos. Finalmente, los vecinos llegaron a un acuerdo y terminaron pagándole 6000. Ahora, tienen contratada a una agencia legal.
El número de la ilegalidad surge de los controles callejeros que se realizan en los llamados "objetivos". Los encargados de la fiscalización son quienes verifican si los vigiladores que están en la vía pública trabajan para agencias legales o truchas. Pousada se excusó de dar una entrevista, pero accedió a contestar un cuestionario por escrito sobre la proliferación de las agencias ilegales en la provincia de Buenos Aires. Cuando se le preguntó si era cierto que la mitad de las agencias o vigiladores eran clandestinos o estaban en negro, no lo negó y respondió que "este organismo está intensificando las tareas de fiscalización de las prestadoras de servicios de seguridad privada clandestinas y de los servicios de seguridad privada brindados por personas no declaradas o habilitadas".
En un año, entre el 13 de abril de 2004 y el 20 de abril del 2005, se realizaron 908 inspecciones con un resultado sorprendente: en sólo 36 casos no se encontró ninguna falta. 692 inspecciones derivaron en la apertura de causas contravencionales por diversas irregularidades y 180 actas de inspección están pendientes para resolver su calificación legal. En la actualidad, en la provincia hay 830 causas iniciadas por haberse constatado actividades de seguridad sin autorización: 303 corresponden a agencias no habilitadas y el resto son de serenos clandestinos, los típicos casos de esos autos sin identificación que circulan por la noche en el conurbano con una baliza en el techo, ocupados por un policía vestido de civil.
"Uno de los principales problemas es que los inspectores del Ministerio de Seguridad son policías en actividad y la mayoría de las agencias son de oficiales retirados o de algunos que están en actividad y que tienen a un testaferro. Entonces, si llega a descubrir alguna irregularidad, lo más probable es que el dueño de la agencia llame a un comisario amigo para que se lo arregle. No necesariamente tiene que haber plata de por medio, simplemente puede ser por una cuestión de amistad", explica un funcionario que conoce la cuestión bien desde adentro.
Al margen de la ley
Las leyes que regulan el funcionamiento de las agencias de seguridad tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires prohíben expresamente que efectivos policiales en actividad o de cualquier fuerza armada o de seguridad se desempeñen en agencias privadas. Sin embargo esa prohibición, en la práctica, apenas se cumple. "Creo que uno de los principales motivos de la ilegalidad es que las agencias tienen contratados a policías en actividad, a los que no pueden declarar. La mano de obra privilegiada de las agencias son los policías, ya que pueden utilizar la información, la tecnología y los recursos del Estado para su actividad privada", opina Gustavo Palmieri, director del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Si en algún momento las relaciones entre policías y vigiladores pudieran haber generado alguna situación de tirantez, esto ya no sucede. "La colaboración entre policías y custodios es muy importante y algunas agencias no son ajenas a la participación en redes de ilegalidad manejadas por funcionarios policiales. Puede existir una suerte de delegación de tareas y que sean las agencias las que se encarguen de algunos negocios. Por otro lado, por qué debería sorprendernos que algunas agencias repitieran los mismos vicios de ilegalidad que vemos en la policía. Es todo parte de un mismo contexto", agrega Palmieri.
La ley 12.297, que regula el funcionamiento de las agencias en la provincia de Buenos Aires, establece en su artículo 8º que no podrán desempeñarse quienes hayan sido excluidos de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales de organismos de inteligencia o de servicios penitenciarios por delitos vinculados con esa actividad ni quienes hayan sido beneficiados con las leyes exculpatorias de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín o que hayan sidos indultados por el ex presidente Carlos Menem. La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense se encargó en su momento de revisar los antecedentes de los propietarios y jefes de seguridad de las agencias inscriptas.
Así fue como salió a la luz el caso de Juan Fiorillo, un ex comisario general de la Bonaerense que, en su momento, fue acusado de haber provocado la primera desaparición de la negra historia argentina reciente: la de Felipe Vallese. El primer desaparecido tenía 22 años, era obrero metalúrgico y delegado de la fábrica donde trabajaba. Fue secuestrado por efectivos de la bonaerense en la ciudad de Buenos Aires el 23 de agosto de 1962 junto con un grupo de compañeros. Los demás recuperaron su libertad, pero él nunca apareció. Sus restos tampoco. Fiorillo era dueño de la agencia JF, con sede en Vicente López, que fue clausurada durante la gestión de Juan Pablo Cafiero en el Ministerio de Seguridad bonaerense.
Manejo de información
"El problema central con la contratación de agencias ilegales o custodios en negro es pensar quién te brinda seguridad, quién maneja la información del barrio. La crisis de seguridad generó una demanda que el servicio público no pudo cubrir, así surgió el mercado de la seguridad privada. Ahora, si yo contrato a una persona que no conozco y no tengo información acerca de sus antecedentes, ¿qué garantía tengo de que el día de mañana no le avise a alguien cuando mi casa está vacía para que la vayan a robar? Son audaces capaces de hacer cualquier cosa", advierte el secretario de Seguridad porteño, Diego Gorgal. El joven funcionario conoce el terreno de los dos lados, ya que también fue subsecretario de Seguridad bonaerense.
Gorgal sostiene que la seguridad privada debe estar controlada y bien regulada, por una cuestión de equidad. "Hoy quien más necesita seguridad es quien vive en los barrios más humildes y no la puede pagar. Si las personas con mayor poder adquisitivo mandan a sus hijos a colegios caros o contratan empresas de medicina prepaga, ¿por qué estaría mal que tuvieran una vigilancia privada? De esa forma, el Estado podría liberar a los efectivos de la seguridad pública para enviarlos a la zonas donde más los necesitan", explica Gorgal.
Esa sería una situación ideal, pero que hoy nada tiene que ver con la realidad. "En rigor, hay una superposición de vigiladores privados y de policías en las zonas de mayor poder adquisitivo, sobre todo porque quienes viven en esos lugares tienen más poder de presión y sus reclamos son más escuchados. No hay interacción", señala Palmieri.
En otros países directamente el Estado privatiza parte de los servicios públicos de seguridad: "Por ejemplo, en los bancos, los custodios son privados. Se considera que no es una tarea de la policía dar vigilancia en esos lugares. Hasta en algunas comisarías de Suecia, por las noches, la vigilancia de los edificios está a cargo de vigiladores privados. Adentro están los policías para tomar las denuncias o atender al público", dice.
Suecia es un país ordenado, bonito y apegado a la ley, pero donde igual se cometen crímenes. Justamente, uno de los últimos sucesos en novelas policiales lo generó la saga con las andanzas del detective Kart Wallander, una creación del escritor sueco Henning Mankell. Wallander es un hombre obsesivo, investigador tenaz, malhumorado a veces, que vive en un departamento pequeño y que suele criticar a los políticos y a los funcionarios del gobierno. Su honestidad es un rasgo genético y por más que se esforzara, la inventiva de Mankell nunca podría hacerlo recibir un soborno, encabezar un escuadrón de la muerte o ponerlo a trabajar para una agencia clandestina de seguridad.
Por Rafael Saralegui (h.)
Acabar con la informalidad
Si un grupo de vecinos decidiera contratar seguridad privada para las cuadras de su barrio, lo más probable es que, al comparar los costos de una agencia clandestina con los de otra debidamente habilitada, comprobaría que la segunda resulta más cara. La explicación: las agencias legales tienen que cubrir una serie de gastos adicionales que se suman a los que debe afrontar cualquier empresa privada de otro rubro.
La Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) fue creada en 1971 y, en la actualidad, agrupa a unas 200 empresas que tienen entre 85.000 y 90.000 vigiladores en todo el país. "En la seguridad privada hay un grado de informalidad similar al que se registra en el resto de las actividades laborales en el país. Todos los que actúan al margen de la ley no cumplen con sus obligaciones fiscales, no pagan cargas sociales y eluden otros costos. Claramente, esto constituye una competencia desleal", dice Marcelo Durañona, director ejecutivo de la entidad.
Durañona sostiene que el costo de un trabajador -jubilación, obra social, vacaciones y otros beneficios- representa el 40 por ciento de su salario. "Obviamente, si yo no cumpliera con todo eso la rentabilidad sería altísima. Pero insisto en que estamos decididamente en contra de todo el trabajo en negro y queremos luchar contra quienes están al margen de la ley", agrega el directivo.
El control de la actividad de la seguridad privada no está unificado, por eso en cada provincia se dictan sus propias normas, aunque en general son similares, y se decide cuál será el organismo de aplicación. Esto genera que las grandes agencias que, por ejemplo, trabajan tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, deban anotarse dos veces. Y esto tiene un costo. Se paga por cada vigilador que se da de alta y la habilitación debe renovarse todos los años. Cada objetivo vigilado paga una tasa también. En la provincia de Buenos Aires, habilitar una agencia cuesta casi 20.000 pesos: 10.000 en concepto de depósito en garantía y 8288 pesos por tasa de habilitación.
La proliferación de normas es contraproducente. Durañona da un ejemplo claro: una empresa que tuviera que custodiar un contenedor que, una vez retirado del puerto, atraviesa la ciudad de Buenos Aires y luego pasa por la provincia hasta llegar al aeropuerto de Ezeiza, debería estar anotada en cinco registros diferentes. A los de la ciudad y la provincia deben agregarse la anotación ante la Prefectura Naval, la fuerza de seguridad que tiene jurisdicción en los puertos de todo el país, y ante la nueva fuerza de seguridad aeroportuaria creada para reemplazar a la disuelta Policía Aeronáutica Nacional, tras el escándalo de Souther Winds. El quinto registro es el la Gendarmería Nacional, la fuerza que colabora en la seguridad de rutas nacionales y autopistas. "En algún momento se habló de crear un registro unificado, pero el tema no avanzó más allá de un diálogo preliminar. Nunca se llegó a tratar a fondo", dijo una fuente cercana al secretario de Seguridad de la Nación, Alberto Iribarne.
Brasil es un estado federal como Argentina, pero tiene una ley de seguridad privada que rige en todo el país. "En una materia tan sensible como lo es esta actividad tendría que haber una ley nacional que unifique todos los registros. Debería haber una gran base de datos donde constaran todas las agencias, los vigiladores, los propietarios, las armas, etcétera", propone Durañona.
Antes de contratar una agencia de seguridad es necesario, entonces, ser previsor y tomar todos los recaudos. En la ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Gobierno de la Ciudad es el organismo que tiene a su cargo la regulación y control de la actividad. Las oficinas están en avenida Paseo Colón 255, piso 12, teléfonos: 4339-0155/ 0180. En la provincia de Buenos Aires, esta tarea la realiza la Dirección General Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad. Las oficinas están en la calle 56 nº 370 entre 2 y 3, en La Plata. Tiene una línea telefónica gratuita 0800-666-8022, para recibir denuncias contra la seguridad privada. Además se puede obtener más información en la siguiente dirección de Internet: http://www.mseg.gba.gov.ar/dgfasip .
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/704267
Por lo menos la mitad de los vigiladores privados contratados en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal están en negro y nunca fueron registrados. Una irregularidad que esconde la presencia, en las agencias de seguridad, de oficiales en actividad o exonerados por distintos delitos. La connivencia con la policía lo permite
Los ladrones jóvenes de la zona Norte sabían que en algunos lugares de Don Torcuato estaba prohibido robar. Era una ley no escrita que todos respetaban. No se podían ni acercar a las casas y los comercios que estaban vigilados por Hugo "Beto" Cáceres, un cabo de la Bonaerense que había creado una agencia clandestina de seguridad. El policía emprendedor le daba empleo a una treintena de suboficiales y oficiales, muchos de ellos de más alto rango que él. Hasta algunos comisarios se beneficiaban con el negocio. Cáceres les cobraba a vecinos y comerciantes de Don Torcuato para garantizarles que nunca les robarían. Y así era nomás. Los que no pagaban quedaban en un limbo, una suerte de zona liberada en la que cualquier cosa podía pasar. "Les había hecho saber a los pibes chorros que si los pescaba robando en su zona, directamente los mataba", explica Gabriel Lerner, abogado de la familia de Guillermo "Nuni" Ríos, una víctima de Cáceres, muerto a los 16 años.
Este es un ejemplo extremo, pero el caso refleja los riesgos que se puede correr al contratar agencias clandestinas que funcionan sin controles y de las cuales el cliente desconoce las aptitudes y capacidades de sus integrantes. El ámbito de la "seguridad privada" es un universo donde conviven empresas con trayectoria, serias y respetables con aventureros y audaces que operan al margen de la ley, entre los que abundan efectivos de fuerzas de seguridad del Estado así como oficiales y suboficiales exonerados por delitos varios que no quieren quedarse al margen de una actividad que puede ser tan lucrativa como controvertida.
En la provincia de Buenos Aires se encuentran 786 agencias de seguridad registradas que cuentan con 38.255 vigiladores habilitados, según datos de la Dirección General Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada, a cargo de Carlos Manuel Pousada, que depende del Ministerio de Seguridad. En la ciudad de Buenos Aires están registradas 260 empresas de seguridad, con unos 11.000 vigiladores habilitados. Hay además 7600 objetivos denunciados, es decir, lugares físicos donde las empresas cumplen tareas de vigilancia. Debe agregarse además la seguridad electrónica: nueve empresas habilitadas prestan este servicio y tienen alarmas instaladas en 12.000 domicilios particulares, bancos y compañías. Esos son los números de la legalidad. Pero puede calcularse que, por cada uno de los 50.000 vigiladores habilitados para trabajar en las dos jurisdicciones, hay otros tantos "en negro". La mitad de los vigiladores que están en la calle son ilegales, coinciden diversas fuentes oficiales que se encargan de controlar esta actividad y que piden reserva de su identidad.
"Los policías que trabajan para el Beto Cáceres hacían una regulación por izquierda de la delincuencia callejera. En Don Torcuato se producía una situación curiosa respecto del resto de la provincia. Era la zona donde había menos menores presos en comisarías, pero donde se contaban más adolescentes muertos en supuestos enfrentamientos con la policía. Así lo probó un informe de la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia", explica Lerner, quien en la actualidad es director en el Consejo del Menor y la Familia. La casa del cabo Cáceres era la sede de la agencia Tres Ases y en la práctica funcionaba como una comisaría paralela, donde se guardaban numerosas armas y se decidían operativos. Cuando fue allanada, se encontró hasta una especie de "álbum de malvivientes", confeccionado con fotos de adolescentes, muchos de ellos golpeados y ensangrentados, supuestamente luego de haber recibido una paliza por ingresar en territorio prohibido. Cáceres fue condenado en noviembre de 2004 a 22 años de prisión por el homicidio de Ríos, asesinado tres años antes. Otro policía, Anselmo Puyó, recibió una condena de 19 años por el mismo crimen.
Por 30 pesos
Las agencias ilegales tienen dos formas de operar diferenciadas en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. En los barrios del conurbano, lo más habitual son policías que pasan casa por casa ofreciendo sus servicios de vigilancia y que cobran en promedio unos 30 pesos mensuales. Muchas veces hasta se instala una garita en una esquina para que el vigilador permanezca en el lugar. En la Capital Federal el fenómeno aparece sobre todo en el ámbito de la noche: custodios no declarados que trabajan en pubs, restaurantes, discotecas y accesos de edificios. La ilegalidad es más barata, pero tiene un costo: ante cualquier eventualidad, quien contrató a un vigilante en negro será solidariamente responsable ante una demanda judicial de cualquier especie. Hasta de tipo laboral. Hace unos años, un grupo de vecinos que vivían en las inmediaciones de las calles Nother y Cordero, en Adrogué, contrataron por izquierda a un policía para que les brindara seguridad. Tiempo después decidieron cambiarlo, pues no estaban conformes. El policía desplazado los demandó y arguyó que había sido echado sin justa causa. Les pidió un resarcimiento de 70.000 pesos. Finalmente, los vecinos llegaron a un acuerdo y terminaron pagándole 6000. Ahora, tienen contratada a una agencia legal.
El número de la ilegalidad surge de los controles callejeros que se realizan en los llamados "objetivos". Los encargados de la fiscalización son quienes verifican si los vigiladores que están en la vía pública trabajan para agencias legales o truchas. Pousada se excusó de dar una entrevista, pero accedió a contestar un cuestionario por escrito sobre la proliferación de las agencias ilegales en la provincia de Buenos Aires. Cuando se le preguntó si era cierto que la mitad de las agencias o vigiladores eran clandestinos o estaban en negro, no lo negó y respondió que "este organismo está intensificando las tareas de fiscalización de las prestadoras de servicios de seguridad privada clandestinas y de los servicios de seguridad privada brindados por personas no declaradas o habilitadas".
En un año, entre el 13 de abril de 2004 y el 20 de abril del 2005, se realizaron 908 inspecciones con un resultado sorprendente: en sólo 36 casos no se encontró ninguna falta. 692 inspecciones derivaron en la apertura de causas contravencionales por diversas irregularidades y 180 actas de inspección están pendientes para resolver su calificación legal. En la actualidad, en la provincia hay 830 causas iniciadas por haberse constatado actividades de seguridad sin autorización: 303 corresponden a agencias no habilitadas y el resto son de serenos clandestinos, los típicos casos de esos autos sin identificación que circulan por la noche en el conurbano con una baliza en el techo, ocupados por un policía vestido de civil.
"Uno de los principales problemas es que los inspectores del Ministerio de Seguridad son policías en actividad y la mayoría de las agencias son de oficiales retirados o de algunos que están en actividad y que tienen a un testaferro. Entonces, si llega a descubrir alguna irregularidad, lo más probable es que el dueño de la agencia llame a un comisario amigo para que se lo arregle. No necesariamente tiene que haber plata de por medio, simplemente puede ser por una cuestión de amistad", explica un funcionario que conoce la cuestión bien desde adentro.
Al margen de la ley
Las leyes que regulan el funcionamiento de las agencias de seguridad tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires prohíben expresamente que efectivos policiales en actividad o de cualquier fuerza armada o de seguridad se desempeñen en agencias privadas. Sin embargo esa prohibición, en la práctica, apenas se cumple. "Creo que uno de los principales motivos de la ilegalidad es que las agencias tienen contratados a policías en actividad, a los que no pueden declarar. La mano de obra privilegiada de las agencias son los policías, ya que pueden utilizar la información, la tecnología y los recursos del Estado para su actividad privada", opina Gustavo Palmieri, director del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Si en algún momento las relaciones entre policías y vigiladores pudieran haber generado alguna situación de tirantez, esto ya no sucede. "La colaboración entre policías y custodios es muy importante y algunas agencias no son ajenas a la participación en redes de ilegalidad manejadas por funcionarios policiales. Puede existir una suerte de delegación de tareas y que sean las agencias las que se encarguen de algunos negocios. Por otro lado, por qué debería sorprendernos que algunas agencias repitieran los mismos vicios de ilegalidad que vemos en la policía. Es todo parte de un mismo contexto", agrega Palmieri.
La ley 12.297, que regula el funcionamiento de las agencias en la provincia de Buenos Aires, establece en su artículo 8º que no podrán desempeñarse quienes hayan sido excluidos de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales de organismos de inteligencia o de servicios penitenciarios por delitos vinculados con esa actividad ni quienes hayan sido beneficiados con las leyes exculpatorias de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín o que hayan sidos indultados por el ex presidente Carlos Menem. La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense se encargó en su momento de revisar los antecedentes de los propietarios y jefes de seguridad de las agencias inscriptas.
Así fue como salió a la luz el caso de Juan Fiorillo, un ex comisario general de la Bonaerense que, en su momento, fue acusado de haber provocado la primera desaparición de la negra historia argentina reciente: la de Felipe Vallese. El primer desaparecido tenía 22 años, era obrero metalúrgico y delegado de la fábrica donde trabajaba. Fue secuestrado por efectivos de la bonaerense en la ciudad de Buenos Aires el 23 de agosto de 1962 junto con un grupo de compañeros. Los demás recuperaron su libertad, pero él nunca apareció. Sus restos tampoco. Fiorillo era dueño de la agencia JF, con sede en Vicente López, que fue clausurada durante la gestión de Juan Pablo Cafiero en el Ministerio de Seguridad bonaerense.
Manejo de información
"El problema central con la contratación de agencias ilegales o custodios en negro es pensar quién te brinda seguridad, quién maneja la información del barrio. La crisis de seguridad generó una demanda que el servicio público no pudo cubrir, así surgió el mercado de la seguridad privada. Ahora, si yo contrato a una persona que no conozco y no tengo información acerca de sus antecedentes, ¿qué garantía tengo de que el día de mañana no le avise a alguien cuando mi casa está vacía para que la vayan a robar? Son audaces capaces de hacer cualquier cosa", advierte el secretario de Seguridad porteño, Diego Gorgal. El joven funcionario conoce el terreno de los dos lados, ya que también fue subsecretario de Seguridad bonaerense.
Gorgal sostiene que la seguridad privada debe estar controlada y bien regulada, por una cuestión de equidad. "Hoy quien más necesita seguridad es quien vive en los barrios más humildes y no la puede pagar. Si las personas con mayor poder adquisitivo mandan a sus hijos a colegios caros o contratan empresas de medicina prepaga, ¿por qué estaría mal que tuvieran una vigilancia privada? De esa forma, el Estado podría liberar a los efectivos de la seguridad pública para enviarlos a la zonas donde más los necesitan", explica Gorgal.
Esa sería una situación ideal, pero que hoy nada tiene que ver con la realidad. "En rigor, hay una superposición de vigiladores privados y de policías en las zonas de mayor poder adquisitivo, sobre todo porque quienes viven en esos lugares tienen más poder de presión y sus reclamos son más escuchados. No hay interacción", señala Palmieri.
En otros países directamente el Estado privatiza parte de los servicios públicos de seguridad: "Por ejemplo, en los bancos, los custodios son privados. Se considera que no es una tarea de la policía dar vigilancia en esos lugares. Hasta en algunas comisarías de Suecia, por las noches, la vigilancia de los edificios está a cargo de vigiladores privados. Adentro están los policías para tomar las denuncias o atender al público", dice.
Suecia es un país ordenado, bonito y apegado a la ley, pero donde igual se cometen crímenes. Justamente, uno de los últimos sucesos en novelas policiales lo generó la saga con las andanzas del detective Kart Wallander, una creación del escritor sueco Henning Mankell. Wallander es un hombre obsesivo, investigador tenaz, malhumorado a veces, que vive en un departamento pequeño y que suele criticar a los políticos y a los funcionarios del gobierno. Su honestidad es un rasgo genético y por más que se esforzara, la inventiva de Mankell nunca podría hacerlo recibir un soborno, encabezar un escuadrón de la muerte o ponerlo a trabajar para una agencia clandestina de seguridad.
Por Rafael Saralegui (h.)
Acabar con la informalidad
Si un grupo de vecinos decidiera contratar seguridad privada para las cuadras de su barrio, lo más probable es que, al comparar los costos de una agencia clandestina con los de otra debidamente habilitada, comprobaría que la segunda resulta más cara. La explicación: las agencias legales tienen que cubrir una serie de gastos adicionales que se suman a los que debe afrontar cualquier empresa privada de otro rubro.
La Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) fue creada en 1971 y, en la actualidad, agrupa a unas 200 empresas que tienen entre 85.000 y 90.000 vigiladores en todo el país. "En la seguridad privada hay un grado de informalidad similar al que se registra en el resto de las actividades laborales en el país. Todos los que actúan al margen de la ley no cumplen con sus obligaciones fiscales, no pagan cargas sociales y eluden otros costos. Claramente, esto constituye una competencia desleal", dice Marcelo Durañona, director ejecutivo de la entidad.
Durañona sostiene que el costo de un trabajador -jubilación, obra social, vacaciones y otros beneficios- representa el 40 por ciento de su salario. "Obviamente, si yo no cumpliera con todo eso la rentabilidad sería altísima. Pero insisto en que estamos decididamente en contra de todo el trabajo en negro y queremos luchar contra quienes están al margen de la ley", agrega el directivo.
El control de la actividad de la seguridad privada no está unificado, por eso en cada provincia se dictan sus propias normas, aunque en general son similares, y se decide cuál será el organismo de aplicación. Esto genera que las grandes agencias que, por ejemplo, trabajan tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, deban anotarse dos veces. Y esto tiene un costo. Se paga por cada vigilador que se da de alta y la habilitación debe renovarse todos los años. Cada objetivo vigilado paga una tasa también. En la provincia de Buenos Aires, habilitar una agencia cuesta casi 20.000 pesos: 10.000 en concepto de depósito en garantía y 8288 pesos por tasa de habilitación.
La proliferación de normas es contraproducente. Durañona da un ejemplo claro: una empresa que tuviera que custodiar un contenedor que, una vez retirado del puerto, atraviesa la ciudad de Buenos Aires y luego pasa por la provincia hasta llegar al aeropuerto de Ezeiza, debería estar anotada en cinco registros diferentes. A los de la ciudad y la provincia deben agregarse la anotación ante la Prefectura Naval, la fuerza de seguridad que tiene jurisdicción en los puertos de todo el país, y ante la nueva fuerza de seguridad aeroportuaria creada para reemplazar a la disuelta Policía Aeronáutica Nacional, tras el escándalo de Souther Winds. El quinto registro es el la Gendarmería Nacional, la fuerza que colabora en la seguridad de rutas nacionales y autopistas. "En algún momento se habló de crear un registro unificado, pero el tema no avanzó más allá de un diálogo preliminar. Nunca se llegó a tratar a fondo", dijo una fuente cercana al secretario de Seguridad de la Nación, Alberto Iribarne.
Brasil es un estado federal como Argentina, pero tiene una ley de seguridad privada que rige en todo el país. "En una materia tan sensible como lo es esta actividad tendría que haber una ley nacional que unifique todos los registros. Debería haber una gran base de datos donde constaran todas las agencias, los vigiladores, los propietarios, las armas, etcétera", propone Durañona.
Antes de contratar una agencia de seguridad es necesario, entonces, ser previsor y tomar todos los recaudos. En la ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Gobierno de la Ciudad es el organismo que tiene a su cargo la regulación y control de la actividad. Las oficinas están en avenida Paseo Colón 255, piso 12, teléfonos: 4339-0155/ 0180. En la provincia de Buenos Aires, esta tarea la realiza la Dirección General Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad. Las oficinas están en la calle 56 nº 370 entre 2 y 3, en La Plata. Tiene una línea telefónica gratuita 0800-666-8022, para recibir denuncias contra la seguridad privada. Además se puede obtener más información en la siguiente dirección de Internet: http://www.mseg.gba.gov.ar/dgfasip .
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/704267
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